BARCELONA.-
La Universitat Pompeu Fabra (UPF) solicitó a los tribunales que
cerraran la discoteca situada dentro del recinto de la estación de
Francia de Barcelona porque tenía «un predominante público de
homosexuales, travestís y géneros similares». Según la UPF, que
cuenta con instalaciones universitarias en el mismo recinto, esa
circunstancia podía ser «singularmente negativa para la formación
humana de los estudiantes».
La discoteca y la sede universitaria comparten las dependencias
de la estación de Francia desde hace seis años. La convivencia del
establecimiento lúdico y las instalaciones universitarias en un mismo
recinto ha generado una batalla legal desde el momento en que la UPF
instó por primera vez al cierre de la discoteca.Una confrontación
legal que ya ha llegado al Tribunal Supremo.
La
UPF denunció en los tribunales que la sociedad explotadora de la
discoteca, Midnight Express SL, mantenía sus puertas abiertas gracias a
una licencia provisional otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona que
con los años no se había convertido en definitiva.
Los
tribunales aceptaron la denuncia de la Universidad y determinaron que la
licencia provisional debía anularse, como sentenció el Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este pasado mes de mayo.
Cierre cautelar
Sin
embargo, el pronunciamiento de los tribunales no ha supuesto por ahora
el cierre de la discoteca, ya que Midnight Express ha recurrido la
decisión ante el Supremo y todavía no se ha emitido el fallo
definitivo. En la actualidad, la discoteca sigue abierta.
En
este contexto, el rectorado de la UPF solicitó el cierre cautelar de la
discoteca mientras no se resolviera definitivamente la impugnación de
la licencia. Para el citado cierre cautelar, la UPF expuso sus motivos
en una petición dirigida primero a la sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJC, de fecha 8 de mayo de 1997, y un año
después al propio Tribunal Supremo.
Bajo
el título «Evidente y grave daño causado por la explotación de la
discoteca a la formación de los alumnos», el representante legal de la
UPF pormenorizó en su escrito los motivos de su solicitud. «La
discoteca de autos constituye un ejemplo nefasto para los estudiantes de
la Universidad Pompeu Fabra por la edad de éstos, ya que en tal
discoteca se consiente el consumo de droga y alcohol».
Las
motivaciones de la UPF no acababan ahí y se justificaba la necesidad
del cierre del local «porque dicha discoteca, como es público y
notorio, tiene un predominante público de homosexuales, travestís y géneros
similares».
El
documento, al que ahora ha tenido acceso EL MUNDO, abunda en las
consideraciones sobre la orientación sexual de los clientes del local y
añade: «Que tales conductas no se persigan, como aconteció antaño
aplicando leyes penales, no significa que sea legalmente procedente que
tales conductas se ofrezcan como modelo a los 42.831 estudiantes y, de
entre éstos, a 288 menores de edad».
En
su intento de convencer al tribunal de la conveniencia del cierre, el
representante legal de la UPF se extiende en consideraciones psicológicas
y señala que «es manifiesto que los modelos y pautas sociales que los
estudiantes perciben conllevan la aceptación de sus valores, porque los
estudiantes están todavía en edad de formación y la aceptación de
los modelos se efectúa muchas veces miméticamente, sin que ellos ni
siquiera se aperciban».
Se
remata este párrafo con la consideración de que la discoteca «es un
testimonio singularmente negativo para la formación humana de los
estudiantes». «Ante todo ello, es evidente que el emplazamiento de tal
discoteca infringe el mandato constitucional de proteger la juventud».
Cuando
la UPF remitió los dos escritos al TSJC y al Supremo, el rector era Enric
Argullol, que ocupaba el cargo desde el nacimiento de la
Universidad, y que fue sustituido el pasado mes de junio por la catedrática
de Ciencia Política Rosa Virós. En las fechas de los escritos,
además, el vicerrector del centro era Andreu Mas-Colell, actual
conseller de Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la
Generalitat.
APOYOS
El
rectorado dice que sólo es un argumento legal
La
actual dirección de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) se desvinculó
ayer del contenido de los dos escritos remitidos a los jueces y aseguró
que «este argumento no representa ni expresa la opinión oficial de la
Universidad; es tan sólo un argumento que hizo servir el abogado que
contratamos».
En
esta línea, el portavoz de la UPF afirmó que desde la institución «tenemos
todo el respeto por el colectivo homosexual» y, como ejemplo, explicó
que una de las asociaciones de estudiantes reconocida por la Universidad
está integrada precisamente por gays y lesbianas.
«La
argumentación del abogado sobre los homosexuales era una de las
consideraciones que se hacían para pedir el cierre de la discoteca,
pero no la única; también sabíamos por fuentes policiales, vecinales
y periodísticas, y así se explicitaba en el escrito, que en la
discoteca se consumían estupefacientes».
En
su opinión, lo más grave es la coincidencia entre la hora de cierre de
la biblioteca de la UPF y la de apertura de la discoteca, aunque sólo
lo haga viernes y sábados de madrugada. La biblioteca abre a las 8.00
horas y cierra a la 1.30 horas, también los fines de semana.
«Por
tanto, cuando los alumnos abandonan la biblioteca se encuentran con los
clientes de la discoteca y cuando los primeros estudiantes llegan a la
sala de lectura se cruzan con los últimos clientes del local»,
aseguraba ayer el portavoz de la UPF. «Son dos actividades que resultan
totalmente incompatibles», añadió.
Dueños
de la discoteca
Por
su parte, los propietarios de la discoteca evitaron ayer pronunciarse
sobre el contenido de los dos escritos y un portavoz aseguró estar «orgulloso»
de tener a una universidad como vecina.
El
mismo portavoz, sin embargo, criticó al anterior rector, Enric
Argullol, por haber «puesto en marcha una auténtica campaña
periodística en contra de nosotros», a la vez que mostró su confianza
en «poder llegar a acuerdos con la actual rectora, Rosa Virós,
que nos han dicho que es una persona dialogante».
En
esta línea, reiteró que prefería no añadir nada más porque «los
propietarios de la discoteca siempre hemos optado por la prudencia;
incluso, tenemos alquilados otros locales en las instalaciones de la
Estación de Francia que todavía no hemos podido explotar precisamente
por el conflicto con la UPF».
«Preferimos
esperar a reunirnos con la nueva rectora», añadió ayer dicho
portavoz, para evitar dar más explicaciones.
La
Universidad mimada de la Generalitat
La
Universitat Pompeu Fabra, creada el 18 de junio de 1990 por decreto de
la Generalitat, ha sido siempre la niña de los ojos de la Administración
autonómica, que ha invertido en ella más de 24.000 millones de pesetas
en los últimos diez años.
También
sus alumnos, alrededor de 7.000 matriculados en el curso 1998-1999,
reciben un trato especial. Por cada uno de ellos, la Generalitat otorga
a la UPF una subvención superior a las 700.000 pesetas, muy lejos de lo
que reciben el resto de universidades catalanas. La de Lleida, por
ejemplo, no alcanza las 400.000 pesetas por alumno, mientras que la
Universitat Politècnica de Catalunña supera ligeramente esta cantidad.
La
fuerte inversión tiene éxito. Tres de cada cuatro graduados de esta
Universidad encuentran trabajo.
